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Mejorar la calidad de las Residencias

La Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid presentará
a la Asamblea un borrador sobre la Ley de Mejora de la Calidad en
Residencias de Acción Social.

Hasta ahora, los usuarios de las residencias públicas solo podían costear su
plaza con la pensión o, en las cofinanciadas, con otros ingresos propios o
familiares.

Conviene recordar que en la residencia pública, el mayor aporta del 20% al
80% de la pensión de que dispone, mientras que en las cofinanciadas paga
el 60% de lo que cuesta la cama, que suele rondar las 200.000 pesetas.

Ahora la Comunidad de Madrid plantea que los ancianos propietarios de una
vivienda puedan pagar con ella su estancia en uno de estos
establecimientos.

El pago mediante la vivienda se realiza al fallecer el mayor. Entonces se
vende su piso, y la Comunidad a través de un reconocimiento de deuda,
recupera el dinero que el anciano debería haber pagado.

Otros objetivos

Según el secetario técnico de la
Consejería, Francisco Panadero,
la nueva ley tendrá otros objetivos.

El primero de ellos es que todos los
ancianos que soliciten una cama en una residencia pública estén obligados
a declarar sus bienes patrimoniales.

Hasta ahora solo se dependía de la buena voluntad del anciano para
establecer sus necesidades económicas.

En realidad no se trata de que un anciano con piso o con medios tenga que
pagar más, - declara Panadero- sino de que las plazas públicas vayan
destinadas a las personas que tengan más necesidad de ellas, o sea menos
posibilidades económicas.

El pago a través de la vivienda, permitirá que los ancianos de clases medias,
que superan el baremo pedido por las residencias públicas y no alcanzan el
de las privadas, puedan acceder a las residencias cofinanciadas dejando las
públicas para aquellos más necesitados.

Esta Ley pretende regular el pago a través de la vivienda, intentando a su
vez evitar todos los abusos que de ella se puedan generar.

Además se plantea agilizar la clausura de los geriátricos que mantengan
graves irregularidades, reducir el número de ancianos por cuidador, y crear
un carné de director que acredite la cualificación.





                                                    
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